Mata: “Noguera debe dar explicaciones públicas hoy mismo porque es un hecho muy grave y denota una conducta poco ejemplar”

El Partido Popular de la Región de Murcia ha pedido la dimisión del exalcalde del PSOE de Pliego y actual portavoz del PSOE municipal, Pedro Noguera, por una conducta “poco ejemplar” tras detectar, a raíz del expediente abierto por el Ayuntamiento de Pliego por una presunta infracción urbanística muy grave, que el socialista legalizó su casa en 2018 siendo alcalde con un informe que los técnicos del Ayuntamiento de Pliego han detectado como “contradictorio” y que evidencia las irregularidades en la legalización. 

El diputado del PP, Juan Antonio Mata, ha matizado que “es curioso que en 2011 esta vivienda no pudiera legalizarse por excederse en metros y que en 2018, con los mismos metros y un informe de una empresa externa, la vivienda pudiera legalizarse”. 

El ‘popular’ ha incidido en que “este hecho se ha podido conocer a raíz de una denuncia de la Policía Local que denunció a principio de año a Noguera por llevar a cabo unas obras en una placeta sin licencia urbanística”, momento en el cual, según refleja la información de la prensa, “los técnicos realizan un informe que constata que el inmueble tenía mismo exceso de obra que en 2011, por lo que el Ayuntamiento ha procedido a expedientar al portavoz del PSOE con una sanción cercana a los 9.000 euros por incumplir la normativa”. 

El parlamentario autonómico ha subrayado que “Noguera no puede agachar la cabeza y debe dar explicaciones públicas por este hecho de forma inmediata porque se trata de algo muy grave”. Para Mata, “es lamentable que aquellos que se han presentado como defensores de la decencia política y de la higiene democrática no den un paso atrás ante los escándalos continuos que están sucediendo”. 

De hecho, como ha subrayado el ‘popular’, “estamos viendo un PSOE en la Región de Murcia poco ejemplar”, tras la causa judicial abierta contra el propio secretario general de los socialistas, Diego Conesa, por guardar una multa a un concejal de IU del que dependía, “en gran parte, su permanencia en el Ayuntamiento de Alhama cuando era alcalde”; el nombramiento como delegado del Gobierno a un investigado por malversación por cobrar de forma irregular su sueldo de alcalde de Calasparra y al secretario de organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce, también investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos.